Néstor Martínez Cristo
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La educación, un bien público

De un tiempo a la fecha, en diversas naciones del mundo se desarrolla un gran debate sobre si la educación debe seguir siendo tutelada a escala global por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) o si debe darse un giro radical y ceder el tutelaje a la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El asunto no es menor. Es una discusión que las naciones deben entender como de la mayor importancia, pues de la tendencia que termine por imponerse dependerá, en mucho, si la educación será considerada en el futuro como un servicio de tipo comercial o si seguirá siendo vista como un bien público.

Seguramente habrá quienes opinen que la disyuntiva antes planteada no es tan tajante, que no es tan de blancos o negros, es decir, que de las dos grandes tendencias que se confrontan en los foros globales sobre educación pudieran surgir alternativas matizadas con una enorme gama de tonalidades en gris.

Lo cierto es que en el mundo de la educación existe una corriente amplia que propone la internacionalización de la enseñanza, particularmente de la superior, y que ante la liberalización de las economías sostiene que ésta es un servicio y que, como tal, debe ser considerada e incorporada a la agenda.

Es aquí donde esta tendencia choca de manera abierta con quienes sostienen que la educación no puede quedar en manos de los mercados y que de ninguna manera debe ser considerada como un simple servicio de carácter comercial.

La educación, señalan los que se oponen a la liberalización, es un bien público y, por tanto, tiene que continuar siendo supervisada por un organismo de las Naciones Unidas como lo es la UNESCO, que pese a sus deficiencias, no tiene fines de lucro y representa, sin duda, el mejor modelo de un organismo internacional para un asunto tan sensible en el desarrollo de los países.

Si bien en México ese debate no ha aflorado abiertamente, como sería deseable, ni ha sido tema para gobierno, sociedad y medios de comunicación, como sucede en otras naciones y como ocurre en el seno de los organismos internacionales, tampoco se puede asegurar que la confrontación de proyectos no exista en nuestro país.

Ya en más de una ocasión se ha puesto de manifiesto el debate entre esos dos proyectos diametralmente opuestos sobre lo que debe ser la educación en México, aunque haya sido abordado de manera superficial.

Rectores de diversas instituciones públicas mexicanas, encabezadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han salido al paso de los intentos mercantilistas que buscan colocar a la educación superior bajo la ley de la oferta y la demanda.

Hace apenas unos días, al ser electo presidente de la Asociación Internacional de Universidades (AIU) –organismo no gubernamental que agrupa a las instituciones de enseñanza superior más prestigiadas del mundo–, el doctor Juan Ramón de la Fuente explicaba que la confrontación de esos dos grandes proyectos educativos es real.

De hecho, gran parte de los apoyos de universidades que llevaron al triunfo al ex rector de la UNAM se debió precisamente a su clara oposición a la mercantilización de la enseñanza superior.

Para De la Fuente, según comentó en una entrevista concedida a una radiodifusora mexicana desde Utrecht, Holanda, donde se llevó a cabo la Conferencia General de la AIU en que resultó electo, la educación no debe quedar bajo la tutela de la OMC, “porque no puede ser vista bajo la óptica de que es un servicio más”.

El avance de la mercantilización de la educación en el mundo, y particularmente en países como México, agravaría sin duda la enorme desigualdad y la inequidad en el acceso a la enseñanza superior.

Corresponde a los estados nacionales, pues, establecer sus propios criterios para regular la educación y, en todo caso, reglamentar el acceso de otro tipo de instituciones con carácter trasnacional.