Legalizar las drogas: ¿por dónde empezar?

Pierre Charasse*

Con un número creciente de consumidores, un saldo de miles de muertos y presos en el planeta, graves violaciones a los derechos humanos y desastres ecológicos nadie puede pretender que la "guerra mundial contra las drogas" tiene éxito. El balance de un siglo de régimen de prohibición es muy negativo. En Estados Unidos y Europa hay movimientos crecientes en favor de la legalización de las drogas. Importantes figuras políticas, como los ex presidentes Zedillo, Cardoso, Toledo y Gaviria, lanzaron llamados en ese sentido. En todo el mundo, intelectuales como Carlos Fuentes, médicos, economistas y jueces apoyan esa iniciativa. Pero la comunidad internacional parece paralizada e incapaz de cambiar de rumbo a pesar de las evidencias.

"Sí, se puede". Pero, ¿cómo?

En el siglo XIX el comercio de opio, promovido por Gran Bretaña y Francia, era muy lucrativo y en nombre de la libertad de comercio se declararon las famosas "guerras del opio" contra China. Todo cambió al principio del siglo XX con las campañas prohibicionistas en Estados Unidos. Las fuerzas puritanas presionaron al presidente Roosvelt y a partir de 1906 lanzaron una verdadera cruzada para imponer un nuevo orden moral y "proteger a las razas no civilizadas (sic) de los peligros del alcohol y las drogas". La primera conferencia internacional, convocada por Estados Unidos en Shangai en 1909, sentó los fundamentos ideológicos de la lucha contra las drogas, sobre los cuales se diseñaron las estrategias globales prohibicionistas, ignorando la extrema complejidad de un fenómeno tan antiguo como la humanidad.

En todo el siglo XX se multiplicaron los convenios internacionales (1912, 1931, 1936, 1948, 1961, 1971 y 1988). En el marco de Naciones Unidas, Estados Unidos logró imponer una prohibición general y universal. Agregó recientemente razones de seguridad a las posturas moralista inventando el concepto de "amenaza global" en un amalgama con el terrorismo. Todos los estados tuvieron que adoptar leyes represivas para adaptarse a las normas onusianas. Sin embargo, el aparente consenso global no puede disimular profundos desacuerdos y una confrontación Norte-Sur abierta. Por eso el arsenal jurídico mundial y la movilización de cuantiosos recursos para reprimir el narcotráfico no funcionan. Las cantidades producidas y consumidas de mariguana, heroína y cocaína crecen constantemente, como las drogas de síntesis producidas en gran medida en países industrializados. Los mecanismos contra el lavado de dinero no impiden la inyección masiva de capitales ilícitos en la economía legal. De hecho, en muchos lugares del planeta policías y jueces "tiraron la toalla", porque las leyes son inaplicables.

La legalización y liberalización del mercado es la única salida realista, pero desmantelar el aparato represivo mundial parece ser una tarea titánica. ¿Por dónde empezar? El foro natural para abrir ese debate es la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. Es el lugar donde los países interesados pueden tomar la iniciativa de construir una coalición para poner en minoría la posición dogmática e hipócrita de las naciones occidentales contraponiendo una visión más sensata y plural.

El objetivo sería decretar una moratoria inmediata, lanzar una conferencia de revisión de los convenios, exigir la cancelación de las listas incoherentes de sustancias y plantas prohibidas, como la cannabis o la coca, que son tan naturales como la vid o el tabaco y crecen por todas partes. Un cambio de 180 grados permitiría poner el acento sobre políticas de salud pública de prevención y reducción de riesgos con la ayuda de la OMS. Los expertos podrían proponer medidas de acompañamiento a la liberalización del mercado de estupefacientes para atenuar los efectos previsibles económicos y financieros de la caída de los precios y el derrumbe de la narcoeconomía. Las normas globales de libre mercado se podrían aplicar perfectamente a los estupefacientes con un control de calidad y regulaciones nacionales como para cualquier producto farmacéutico. En el mejor de los casos, si hay consenso la pesadísima maquinaria intergubernamental necesitaría entre tres y cinco años para elaborar un nuevo régimen mundial.

Pero hay que ser realista: el candado está en el gobierno de Estados Unidos y no se producirán cambios si la Casa Blanca y el Senado no reciben fuertes presiones interiores e internacionales. La Unión Europea, que tiene una política errática e incoherente, se moverá si la señal viene de Washington. En el contexto de la redistribución del poder a escala mundial y con el auge de los países emergentes, es el momento de que América Latina lance una iniciativa para romper un orden internacional injusto e insostenible.

*Ex embajador, vicepresidente del Observatoire Géopolitique des Criminalités, París.
pcharasse@gmail.com